La propuesta presentada por el Gobierno para reformar el Sistema de Financiación Autonómica incorpora unas líneas maestras de actuación que apuntan, a juicio de CCOO, a una sensible mejora en suficiencia, autonomía y, sobre todo, equidad en la distribución de los recursos entre las Comunidades Autónomas de Régimen Común.
El Sistema de Financiación Autonómica es un elemento muy importante dentro de la arquitectura política y administrativa con distintos niveles de gobierno que define el Estado de las Autonomías en España, al recoger los recursos necesarios que permiten a las Comunidades Autónomas facilitar a los ciudadanos las políticas bajo su competencia; algunas tan significativas como la sanidad, educación, servicios sociales y justicia. En la actualidad el Sistema adolece de dos deficiencias básicas: los territorios forales (País Vasco y Navarra) disponen del doble de financiación por habitante que la media de los territorios de Régimen Común, algo que distorsiona severamente el Sistema, y la distribución de recursos entre estos últimos que perjudica a algunos territorios. La propuesta presentada por el Gobierno para reformar el Sistema de Financiación Autonómica incorpora unas líneas maestras de actuación que apuntan, a juicio de CCOO, a una sensible mejora en suficiencia, autonomía y, sobre todo, equidad en la distribución de los recursos entre las Comunidades Autónomas de Régimen Común. La actualización de las cifras de población reconociendo el significativo cambio acaecido desde 1999 -año utilizado en la actualidad-, y el intento de hacer desaparecer las discriminaciones negativas que soportan en la actualidad algunas de las Comunidades (Baleares, Madrid, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana) implican una mejora en la equidad del modelo, entendida como la posibilidad de acceso de los ciudadanos españoles a un nivel similar de bienes y servicios públicos cuando realizan un mismo esfuerzo fiscal, es decir, cuando pagan impuestos con normas parecidas. La defensa de la equidad como criterio central del Sistema sería contraria a que los territorios con mayor capacidad económica obtuvieran privilegios por ese motivo, pero tampoco se defiende una situación como la actual donde estos territorios reciben un peor trato comparado. A falta de conocer el detalle definitivo para realizar una valoración profundidad de la reforma, CCOO cree que la misma, además de las ventajas enunciadas, también avanza en autonomía fiscal al aumentar los porcentajes de tributos compartidos por las Comunidades Autónomas (50% del IRPF, 50% en el IVA y 58% en los Impuestos Especiales), un elemento que permite mejorar, por lo menos potencialmente, también el grado de corresponsabilidad en el ámbito autonómico. El diseño de un modelo dividido en dos segmentos, uno donde se incluyen los servicios públicos fundamentales, y otro con el resto de las políticas transferidas, no es impedimento para conseguir un Sistema de Financiación más justo y más estable que el actual. En opinión de CCOO, una reforma de estas características debe ser compatible con una distribución de recursos entre las distintas Administraciones (Central, seguridad Social, Autonómica y Local) que les permita cumplir a todas con las funciones atribuidas a cada nivel de gobierno.
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